Netanyahu informó al presidente que logró formar gobierno. ¿Y ahora qué?

 

No deja de ser simbólico que aunque doce minutos antes de expirar el plazo, Biniamin Netanyahu llamó al Presidente Itzjak Herzog a comunicarle que logró formar gobierno, aunque en la práctica ello no es así, al menos no en forma completa y ordenada. Está firmado solamente el acuerdo de coalición con el partido El Sionismo Religioso, pero no con los demás socios del Likud: ni Otzmá Yehudit, ni los partidos ultraortodoxos. Es cierto que todos hablan claramente de la próxima coalición de gobierno, pero el hecho es que aunque está claro cuáles serían sus miembros, aún no está todo cerrado.

Aunque por ley en principio el futuro Primer Ministro tiene una semana para preentar concretamente el gobierno ante la Kneset, no hay aún certeza ninguna si ello se concretará el miércoles de la semana pasada o el lunes posterior.

Como es sabido, hay desde hace 7 semanas, desde las elecciones del 1° de noviembre, una sensación general de desazón  y preocupación entre el oficialismo que está por convertirse en oposición, acerca del carácter que tendrá el nuevo gobierno. Los adjetivos negativos que sus críticos le han dado antes de que empiece a trabajar, no son optimistas: el gobierno más de derecha en la historia de Israel, el “más extremista” y demás.

El gobierno aún no ha comenzado a actuar y esos pronunciamientos son un tanto prematuros. Pero sí hay a nuestro criterio, ya ahora, motivos de preocupación por posiciones ya declaradas, ciertos anuncios de intenciones y más que nada, por cosas que ya están ocurriendo en el marco de los preparativos para la presentación del gobierno.

Cuando Netanyahu da a un partido de la ultraderecha nacionalista poderes en el ministerio de Defensa y en el Ministerio de Educación, por más que él diga que “yo estaré al volante” y “yo manejaré la política del Estado”, hay que estar alertas. Cuando accede a numerosas exigencias de  partidos ultraortodoxos que lejos están de representar a la mayoría de la ciudadanía israelí, eso va en detrimento de amplios sectores de la población. También el poder tiene sus limitaciones y quien goza de mayoría parlamentaria, no tiene derecho a olvidarlo.

Uno de los elementos ya ahora lamentables es el proceso de legislación en marcha de algunas leyes que pueden parecer meramente procedulares, pero son problemáticas.

En el nuevo gobierno habrá por lo menos dos ministros que en el pasado fueron llevados a juicio y condenados por distintas acusaciones, uno por temas de seguridad y violencia y otro por corrupción.

 El primero, el futuro Ministro de Seguridad Nacional ItamarBen Gvir. El segundo, Arie Der´i, que en 1999 fue condenado a tres  años de prisión por soborno, fraude y abuso de confianza y que en febrero último fue hallado cupable de abuso de confianza y sentenciado a prisión condicional  y al pago de una multa.

 Recordemos que al darse su fallo, Der´i se comprometió a retirarse de la política. Y no sólo que no lo ha hecho, mintiendo al tribunal, sino que tendrá a su cargo dos ministerios enormes, Interior y Salud, y que para que pueda entrar en funciones, la nueva mayoría parlamentaria aprueba una ley confeccionada para él. Se trata de una ley que determina que solamente si un ministro fue condenado a prisión activa y no condicional se considera que incurrió en acciones que equivalían a una mancha moral-lo que en hebreo se llama “kalón”- una situación en la que está claro que no puede asumir.  

Lo escribimos y no lo creemos.

Otra línea roja que se está cruzando es la enmienda de la ley fundamental que determina los poderes del ministro de Seguridad Interna por sobre el Inspector General de la Policía, de modo que se corre el riesgo de politización de la fuerza policial.

Y ni que hablar de los deseos claramente expresados de varios miembro de la nueva coalición, de aprobar por la mínima mayoría de 61 votos, o sea solamente la mitad más uno del parlamento, una ley que permita a la Kneset hacer caso omiso o mejor dicho cancelar decisiones de la Suprema Corte de Justicia de Israel que se oponen a leyes promulgadas por los diputados si las consideran inconstitucionales. Si bien Netanyahu rehusa por ahora introducir en los acuerdos de coalición un compromiso a que eso sea posible con una mayoría de 61 diputados, sólo la mitad más uno de la Kneset, lo cual sería demasiado fácil, y prefiere redactar el tema en términos más generales, la sola iniciativa es problemática, por decirlo delicadamente.

 Aquí está en juego el respeto a las minorías, que evidentemente pueden ir cambiando según quién está en el poder. La Suprema Corte está para protegerlas, esté quien esté en el poder, y sea quien sea la oposición. No es que alguien en la inminente coalición esté hablando explícitamente contra las minorías, sino que el eventual debilitamiento de la Suprema Corte podría ir en su detrimento.

Y ni que hablar de la intención de Yariv Levin, nuevo presidente de la Kneset al menos en forma interina, quien de cara a su eventual nombramiento como Ministro de Justicia, quiere cambiar totalmente la forma de nombrar los jueces supremos. Israel, cuya Suprema Corte es un orgullo a nivel internacional, no se lo puede permitir. Una cosa es hacer reformas necesarias en el sistema judicial, y otra es ir con una aplanadora a arruinar todo.

Netanyahu no le robó a nadie la victoria electoral. La obtuvo legalmente. Pero eso no significa que cualquier cosa esté permitida para traducirla en la formación de la nueva coalición. El poder debe tener limitaciones y los gobernantes tienen la obligación de comprenderlo.