Israel

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y las bases de datos de empresas comerciales

Por el Dr. Carlos Cosac

El 24/3/16 El Consejo de Derechos (HRC) dictó la resolución 31/36 “asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados”, (incluyendo a Jerusalem oriental), y en el “Golán sirio ocupado”.Esta resolución le pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Onu (OHCHR) crear una base de datos de todas las empresas comprometidas en actividades de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, o una “Lista Negra.”


Mientas que la actividad comercial local e internacional en los territorios en disputa u ocupados está extendida e involucra a algunas de las compañías más grandes del mundo, la Resolución 31/36 representa el único esfuerzo conocido de la ONU para crear una “base de datos” de dicha actividad con respecto a una situación.


El hecho de que dicha actividad comercial sea tan omnipresente y raramente criticada demuestra que no se considera que plantee problemas legales o de derechos humanos, mientras que el deseo de establecer una base de datos solo con respecto a la actividad comercial en las comunidades de asentamientos israelíes apunta al sesgo político del organismo que inició este proceso.
Esta resolución se adoptó a pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos, la Unión europea e Israel. Es producto de un específico elemento discriminatorio en la agenda del CDH. El único país señalado en la agenda de la organización, lo que refleja el sesgo institucional en curso contra Israel. El Consejo es muy criticado como un cuerpo profundamente politizado, cuya agenda generalmente es dictada por los peores violadores de derechos humanos del mundo, y cuya legitimidad y credibilidad en el ámbito de los derechos humanos se ha visto fundamentalmente socavada.
Israel, junto a Estados Unidos y otros países, consistentemente expresan su oposición a la base de datos y su publicación, y así lo han hecho saber.


Israel no tiene intenciones de cooperar con este ejercicio ilegítimo por las siguientes razones:
Falta de autoridad para crear la base de datos: La creación de una base de datos excede el mandato de OHCHR, que no tiene ni la competencia ni la capacidad para participar en estas acciones. La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes por las empresas, o de promover cualquier directriz respecto a las prácticas comerciales, recae exclusivamente en los Estados en los que las empresas están domiciliadas u operan.
- Falta de autoridad para comunicar a las empresas: El HRC y la OHCHR son organismos mandatados para para plantear la conducta del estado en el tema de los Derechos Humanos y no tienen ninguna autoridad sobre las empresas comerciales.


- Legalidad de la actividad comercial: La actividad comercial en Judea y Samaria bajo jurisdicción israelí conforme con los acuerdos existentes entre Israel y los palestinos, es legal. En efecto, la idea que las empresas incluso están sujetas al derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos es muy cuestionable y ha sido rechazada por los tribunales en muchos países.
Lista Negra: La creación de una base de datos, y su publicación, equivale a una voluntad de crear una lista negra de empresas que no están involucradas en ningún delito, y con el potencial de causar daños comerciales, de reputación y legales. Al participar en esta acción, la OHCHR se permite convertir en un instrumento de quienes participan en una agenda ilegítima, discriminatoria y motivada por motivos políticos.
Todavía más, la metodología de la OHCHR está desprovsita de transparencia, y la información en la que se basa su comunicación fue obtenida de fuentes parciales, no verificables y desconocidas, incluidos los actores con motivación política, que respondieron voluntariamente a las llamadas del OHCHR.


La OHCHR también carece de competencia y la capacidad necesaria para verificar de forma independiente la información que ha recibido. Si bien la Resolución 31/36 requiere una base de datos de “todas” las empresas comerciales, el proceso adoptado hace que la base de datos tenga fallas desde su inicio e inevitablemente hace que la lista sea de naturaleza parcial, selectiva y discriminatoria.
Es importante tener en cuenta que la iniciativa de la base de datos no es de naturaleza legal, y no conlleva, en sí misma, consecuencias legales. El procedimiento, carece de las garantías procesales y del “debido proceso”.


Además, la cooperación de las empresas con la base de datos puede implicar consecuencias legales, responsabilidades, riesgo financiero y daños a la reputación. En varios países se prohíbe a las empresas discriminar en sus prácticas comerciales, incluidas las leyes que se refieren específicamente a prácticas discriminatorias con respecto a Israel o territorio sujeto a la jurisdicción israelí. Esto se refiere, por ejemplo, a las empresas domiciliadas en los EE. UU. O sus subsidiarias, o que tienen Negocios con EE.UU.


Las potenciales consecuencias legales, responsabilidades, de riesgo financiero y daños a la reputación no son solo una posibilidad teórica, como el caso de Airbnb, en el que Airbnb anunció su intención de eliminar una lista de aproximadamente 200 propiedades israelíes en Judea y Samaria. La compañía anunció en abril de 2019 que su política no se implementará como parte del acuerdo alcanzado con todas las demandas presentadas por anfitriones y posibles anfitriones e invitados que se opusieron a la política por motivos de discriminación. Esta política no solo fue atacada en los tribunales de justicia, ya que llevó a Airbnb a los diez principales eventos antisemitas de 2018 por el Centro Wiesenthal.
Esto no solo llevó a la compañía a abandonar su política, sino que también llevó a la compañía a afirmar que "Airbnb siempre se ha opuesto al movimiento BDS". Este caso ejemplifica el peligro del riesgo potencial mencionado antes.

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