Pensamientos sobre la ley de pena de muerte a terroristas aprobada por Israel

Por una amplia mayoría de 62 votos a favor y 48 en contra, la Kneset-Parlamento de Israel- aprobó este lunes la ley de pena de muerte a terroristas de Cisjordania (Judea y Samaria) promovida por el partido Otzmá Yehudít del ministro de Seguridad Interna Itamar Ben Gavir. “Se ha hecho justicia histórica”, declaró Ben Gvir, quien abrió champagna para festejar en la Kneset. 

La verdad es que cuando Ben Gvir festeja, seguramente hay motivos para estar alertas.

Un comentario general primero y luego explicaremos el por qué de nuestra crítica.

La pregunta no es en absoluto si los terroristas asesinos merecen morir. Por supuesto que sí, absolutamente todos los responsables de asesinato de inocentes, lo merecen. Ojalá se pudiera eliminar a todos en un enfrentamiento al capturarlos, en  lugar de mantenerlos en la cárcel durante años y décadas, alimentarlos y en muchos casos dándoles inclusive la oportunidad de liberarse antes de tiempo, como sucedió siempre que se pactaron intercambios para liberar a israelíes en manos de terroristas.

El tema es cómo actúa Israel, cómo lucha contra el terrorismo y qué es lo más sabio hacer. No es casualidad que hasta ahora, cuando Israel está por cumplir 78 años de independencia, la única vez en la que se aplicó pena de muerte fue cuando se decidió enviar a la horca a Adolf Eichmann, lugarteniente de Hitler. 

El valor de la vida fue considerado siempre supremo y se consideró que la aplicación de un castigo irreversible, es muy problemático.

Si bien los promotores de la ley sostienen que no se trata de venganza sino de justicia y de un intento de disuasión de los terroristas, nos parece bastante claro de antemano que en ese sentido la ley no alcanzará su objetivo. En general, los terroristas saben que lo más probable es que mueran durante su intento de atentado. Nada hay que aclarar respecto a los terroristas suicidas, que mueren matando, a sabiendas. 

Y no es menor el problema de la imagen que deja Israel si concreta una ley de este tipo, que en diversos aspectos no va de la mano del Derecho internacional. Podemos, con razón, preguntarnos repetidamente cuándo alguien esgrime el argumento del Derecho internacional para defender el derecho israelí de protegerse del terrorismo y combatirlo. Podemos, con gran razón, preguntarnos dónde está el clamor contra los crímenes del 7 de octubre en el sur de Israel. Pero Israel tiene que tomar sus decisiones con inteligencia, no con las tripas.Y sin socavar su autoridad moral.

Aparte de estas generalidades relevantes al caso, hay argumentos concretos contra la ley, que eleva por ejemplo la Asociación de Derechos civiles de Israel. Sostiene que la ley es discriminatoria, ya que determina dos ssituaciones distitas para judíos y árabes. Exige pena capital a palestinos de Cisjordania que maten israelíes, en tribunales militares, sin que los jueces tengan posibilidad de amnistía. En 90 días serían ahorcados. Los tribunales militares son los que tienen autoridad para juzgar a los palestinos, y no los tribunales civiles, ya que Israel no es el soberano formalmente en el territorio en disputa. Por otro lado, quienes sean llevados ante tribunales civiles en Israel, serán ejecutados si cometieron su crimen motivados por una agenda que “pide la destrucción del Estado de Israel”, lo cual automáticamente saca a los judíos del tema y deja solamente a los árabes.

Claro que al respecto se puede recordar que aún sin minimizar en absoluto el aumento de la violencia de extremistas de ultraderecha contra palestinos no involucrados en terrorismo, en diferentes partes de Judea y Samaria, un fenómeno preocupante que se ha extendido e intensificado últimamente, no hay punto de comparación entre esos ataques y lo que ha hecho el terrorismo palestino desde siempre.

Otro problema es que formalmente, la kneset, Parlamento de Israel, no tiene autoridad para determinar qué hacer con palestinos de Cisjordania, que se hallan bajo autoridad del jefe del Comando central del ejército, ya que los territorios en cuestión son administrados por Israel pero no son formalmente parte integral soberana del Estado. La ley, por ende, sería inconstitucional.

El jefe de la oposición Yair Lapid, prometiendo que “esto no quedará así”, dijo que la ley es una maniobra política de Ben Gvir que sabe no podrá perdurar y que además, engaña a la ciudadanía. Lapid recordó que la ley no incluye a los terroristas de Hamas que perpetraron la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel, ya que habla solamente de Cisjordania, no de Gaza.

“Esta ley es un premio a Hamas”, aseguró Lapid, señalando que Hamas siempre quiso precisamente introducir a Israel en sus cuentas de sangre.

Pues no es exacto, porque evidentemente no se trata de salir a buscar inocentes para matarlos, sino de castigar a terroristas. Pero la más mínima posibilidad que por error se ahorque a una persona que no es culpable, sería un éxito para Hamas en su lucha por presentar a Israel como ilegítimo y culpable. Al respecto, subleva leer los comentarios de la Autoridad Palestina acusando a Israel de causar una “escalada” con esta ley. Discrepamos con ella, pero la peor escalada la causan los atentados terroristas.

Esta ley puede intensificar las campañas internacionales de los enemigos de Israel en su contra, que disfrutarían no sólo de condenar a Israel por una ley polémica, sino presentando a los terroristas como víctimas y no como lo que verdaderamente son: criminales asesinos.

El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, afirma un dicho popular. Nos vino a la mente al aprobarse la ley.