Aberrantes votaciones en el Parlamento de Israel

En una intensa carrera contra el tiempo antes del comienzo del receso parlamentario del verano, la coalición de gobierno de Israel aprobó esta semana dos de las leyes exigidas por los partidos ultraortodoxos. Amplios sectores de la población israelí, tanto ciudadanos laicos como religiosos, sostienen que ambas medidas son como una puñalada en la espalda de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Se trata de la Ley Fundamental del Estudio de la Torá y de la ley que determina que hasta el mes de noviembre, o sea después de las elecciones, los jóvenes ultraortodoxos considerados desertores por no haberse presentado al recibir la orden de reclutamiento, no serán detenidos.

El Primer Ministro Biniamin Netanyahu no se hizo presente en la votación de la primera ley, sabiendo evidentemente que tendría mayoría ya que así lo indicó a la coalición, por lo cual la oposición, que criticó duramente la ley, también lo presentó como “cobarde” por no dar la cara ante las cámaras.

Es clave recalcar que el problema por el cual criticamos la Ley Fundamental del Estudio de la Torá no radica en la determinación de que estudiar la Torá es un valor esencial en la historia del pueblo judío. No es necesario promulgar una ley para ello. El valor del estudio de la Torá acompañó siempre al pueblo judío, también al Estado judío desde su fundación. Es artificial blindar por ley un valor tan importante en la historia judía que nadie negó nunca, presentando ridículamente su promulgación como una “justicia histórica”.

Su problema es el evidente intento de tener una ley que pueda ser usada eventualmente para exigir para los estudiantes de Torá beneficios especiales y que sean exentos formalmente del servicio militar obligatorio porque se abocan a un valor que es ley básica del Estado. Los partidos del sector haredí querían incluir un inciso en la ley que determinase explícitamente que se debe equiparar el estatuto de los combatientes con el de los hombres dedicados al estudio de la Torá, pero fue tal la tormenta, que tuvieron que sacarlo. De todos modos, la ley en sí puede ser usada en este sentido en demandas judiciales ante tribunales y por cierto en el marco de la discusión pública.

La segunda ley extremadamente polémica, más explícitamente inaceptable por lo discriminatorio, es la de la cancelación de los arrestos de desertores ultraortodoxos hasta noviembre. Sólo de los ultraortodoxos, no de los laicos ni de otros religiosos. Esto, para que puedan ir a votar sin temer que al registrarse en la mesa electoral sean detenidos. Casi de más está decir por qué lado del espectro político israelí van a votar.

Y ahí está el tema.

Toda coalición de gobierno, sea cual sea el partido en el poder, promulga leyes y trabaja de acuerdo a su agenda. Es natural, normal y legítimo. Pero el cúmulo de medidas adoptadas por el gobierno actual en pro del sector ultraortodoxo que rehúsa enrolarse a las Fuerzas de Defensa de Israel, es una afrenta abierta a los combatientes que arriesgan sus vidas y ponen en dificultades sus trabajos y la dinámica de sus familias, para hacerse presentes en la defensa del país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel recalcan que faltan 10.000 combatientes para lidiar con todos los desafíos; el Comandante en Jefe Tte. Gral. Eyal Zamir advierte y hace un último intento pidiendo en una carta especial a Netanyahu y al Ministro de Defensa que no promulguen esa ley… Y nada.

A cambio de estas leyes, los partidos ultraortodoxos prometieron a Netanyahu que lo apoyarán en la promulgación de una ley que determine que se forme una comisión de investigación de los hechos del 7 de octubre de acuerdo a la fórmula que él desea y no la investigación oficial que ya existe por ley. No sorprende la hipocresía cuando oímos esta mañana al ministro de Cultura discutir en vivo por la radio pública KAN con la periodista Esti Perez, cuando ella insistía en que el 7 de octubre fue la peor catástrofe en la historia del Estado de Israel. Él alegaba que también la Guerra de los Seis Días y la guerra de 1973 fueron eventos muy duros —lo cual evidentemente nadie discute— y cuando ella volvió a insistir en que el asesinato de 1.200 personas en un día a manos de terroristas, la mayoría civiles, en territorio soberano de Israel, es lo peor y se preguntó por qué él rehusaba decirlo, el ministro le respondió que está discutiendo sobre “tonterías” y le cortó el teléfono.

Está claro: no quieren fijar la imagen de que bajo el gobierno actual fue cometido el peor crimen contra la ciudadanía de Israel desde la creación del Estado.

Es importante destacar que la dura respuesta y la condena a estas leyes no son cuestión de “izquierda” contra el gobierno de derecha. Son numerosos los reservistas religiosos que claman por un cambio, que dicen abiertamente que se sienten traicionados, y recordamos claramente haber visto mujeres religiosas manifestando en las calles de Jerusalem contra la exención de los ultraortodoxos. Y también ahora se hicieron oír claramente contra lo votado.

Aunque la coalición actual siempre califica de “izquierda”, como si fuera sinónimo de “enemigo”, a quien discrepa con su línea o a quien critica a Netanyahu, muchos saben la verdad. Lo que está en juego son los intereses verdaderos de Israel, la necesidad de protegerlo de los enemigos de afuera y de los intereses antisionistas de sectores que desde adentro, lo están debilitando.