La libertad de expresión es siempre considerada un pilar de toda democracia en el mundo libre. Nunca es buena señal si no existe. Por otro lado, siempre consideramos que no puede ser un derecho absoluto y que en nombre de la libertad de expresión no es legítimo decir o escribir cosas que arriesguen la vida de otros, o simplemente distorsionar la realidad y faltar a la verdad.
En lo relacionado a la cobertura de las diversas situaciones de conflicto que involucran a Israel, son innumerables los artículos que desinforman, por decirlo delicadamente, demonizando al Estado judío. Sucede en Uruguay y en otras partes del mundo. Lo más preocupante es cuando esto incluye otra arista, que difícilmente pueda esconder el problema de fondo: el antisemitismo.
Días atrás, Alejandro Grobert, quien conoce el tema a fondo porque le importa, le preocupa y lo estudió concienzudamente para escribir el libro que publicó recientemente “Antisemitismo y Antisionismo Dos caras de la misma Judeofobia”, se topó con un artículo en el semanario “Brecha” que le inspiró precisamente los pensamientos que planteamos en los párrafos anteriores. Escribió con gran altura una carta de lectores dirigida al Director, solicitándole que se publique, ya que responder a un artículo que considera injusto y peligroso, también es parte de la libertad de expresión.
Lamentablemente, su pedido fue rechazado.
Por lo tanto, consideramos un privilegio tener y dar la oportunidad de divulgar esa carta, para que la lea la mayor cantidad posible de compatriotas.
Les agradeceríamos, en nuestro nombre y el de Alejandro, compartirla.
(Apretando aquí podrás leer la entrevista que le realizamos a Alejandro Grobert sobre su libro)
Sr. Director del semanario Brecha:
Me dirijo a usted en relación con el artículo de Mariana Contreras titulado “El lobby sionista en el Parlamento y en la Institución Nacional de Derechos Humanos”, publicado el 17 de abril.
Considero que, lejos de aportar a un debate serio, el texto incurre en una serie de afirmaciones que no solo distorsionan la realidad, sino que terminan reproduciendo prejuicios que deberían ser objeto de preocupación en cualquier sociedad democrática.
La caracterización de “lobby sionista” como si fuera una operación oscura es una distorsión. En cualquier democracia, todos los colectivos —sindicatos, organizaciones sociales, cámaras empresariales, movimientos políticos— buscan incidir, generar alianzas y defender sus intereses. Que la comunidad judía haga lo mismo frente a un aumento del antisemitismo no solo es legítimo, sino que hasta es esperable.
Presentarlo como algo sospechoso no es una crítica política neutral, es insinuar que hay una agenda oculta, y es precisamente esa actitud, la que conecta con prejuicios históricos que han tenido consecuencias nefastas.
A partir de ahí, el texto intenta relativizar el problema diciendo que la mayoría de los casos son “críticas a Israel”. Pero omite lo central: cuando esa crítica es sistemática, obsesiva y aplicada con un doble estándar —cuando Israel es señalado permanentemente mientras se ignoran violaciones mucho más graves en otros países, o se deja de lado los continuos ataques de las organizaciones terroristas islámicas contra Israel — ya no estamos ante una crítica cualquiera, sino ante una forma moderna de antisemitismo.
Es exactamente lo que iguala el antisemitismo con el antisionismo.
No es casual que también se ataque la definición de la International Holocaust Remembrance Alliance. Esa definición surge de un consenso internacional amplio que busca justamente diferenciar entre crítica legítima y prejuicio disfrazado. Cuestionarla sin ofrecer una alternativa seria es, en los hechos, dejar el problema sin herramientas para ser abordado.
Además, y en relación con la obsesión contra Israel (campaña orquestada, organizada, sistemática contra Israel), el artículo agudiza el doble estándar, en forma evidente y no menor, sino central, cuando somete a Israel —un Estado democrático, con división de poderes, prensa libre y elecciones— a un nivel de escrutinio, sospecha y condena que no se aplica a ningún otro actor en el escenario internacional.
Esa vara no se utiliza cuando se trata de organizaciones como Hamas o Hezbollah, que no solo carecen de estándares democráticos, sino que han construido su accionar sobre el ataque deliberado a civiles, el uso de su propia población como escudo y la negación explícita del derecho de Israel a existir.
El artículo tampoco cuestiona con la misma intensidad a regímenes o actores responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos en otras partes del mundo. Esa selectividad —esa fijación casi exclusiva con Israel— es precisamente lo que muchos estudios y organismos internacionales identifican como un indicador de sesgo.
Incluso cuando el propio texto reconoce que existe un porcentaje relevante de prejuicio antijudío en Uruguay, opta por relativizar el fenómeno y desplazar el foco hacia quienes intentan combatirlo. Es decir, el problema deja de ser el antisemitismo y pasa a ser la reacción frente a él.
A esto se suma otro punto preocupante: no se propone ningún criterio alternativo claro. El resultado es funcional: si todo puede ser presentado como “crítica legítima”, entonces nada puede ser señalado como discurso de odio, judeofobia o antisemitismo, incluso cuando cruza límites evidentes.
Este conjunto de omisiones, relativizaciones y estándares selectivos no es neutral. Termina generando el marco en el que el antisemitismo se diluye, se justifica o directamente se vuelve invisible. Y es exactamente lo que buscan los detractores de esta iniciativa.
Este fenómeno no es nuevo ni aislado. Lo desarrollo en profundidad en mi reciente libro, “Antisemitismo y Antisionismo: dos caras de la misma judeofobia”, donde se abordan precisamente estos fenómenos con mayor amplitud y evidencia.
La creación de una comisión contra el antisemitismo no es un exceso ni una amenaza: es una necesidad democrática básica, porque cuando el antisemitismo se disfraza de argumento, se vuelve más difícil de identificar… y más peligroso de tolerar.
Atentos Saludos
Alejandro Grobert
