Vacas sionistas

Confieso que hasta hace unos días no sabía que existían las vacas sionistas. 

Más allá de la ironía, el episodio merece una reflexión seria pues, un grupo de activistas decidió obstaculizar una exportación legal de un producto uruguayo porque el comprador es Israel. 

Sus organizadores justifican la medida acusando a Israel de cometer un genocidio y de que las vacas alimentarían a las FDI. 

En primer lugar: ¿qué genocidio?

Esa afirmación se repite como una verdad indiscutible sin que exista ninguna resolución judicial internacional que la establezca. Israel libra una guerra desencadenada tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. 

La acusación de genocidio carece de sustento. La palabra se ha convertido en un eslogan político mucho antes que en una conclusión jurídica. Una guerra, incluso si es “despareja”, no es sinónimo de genocidio.  Confundir deliberadamente ambos conceptos es propaganda política.

De hecho, dos años de combates, las operaciones terrestres desarrolladas barrio por barrio, casa por casa, contra Hamás (y sus aliados) han sido una lucha contra el terrorismo.

Una cifra de muertos, por trágica que sea, no determina por sí sola la existencia de un genocidio. El derecho internacional no establece que toda guerra con un elevado número de víctimas constituya genocidio; exige demostrar una intención específica de destruir a un grupo humano por el hecho de pertenecer a ese grupo, y, en ese sentido, el contexto de una guerra iniciada por los terroristas islámicos es incompatibles con la idea de un plan destinado a exterminar a la población de Gaza. 

En dos años de guerra los muertos alcanzan el 3% de la población de Gaza (esa cifra incluye decenas de miles de terroristas). 

La guerra se desarrolla en un entorno urbano extremadamente complejo, donde la separación entre combatientes y población civil resulta extremadamente difícil. Sin embargo, en este escenario, y, a diferencia de ejércitos convencionales que combaten en campos abiertos, Israel enfrenta a una organización que opera desde barrios, hospitales, escuelas y viviendas, con lo cual ellos aumentan los riesgos para su población civil. Al mismo tiempo, Israel ha implementado mecanismos para reducir esas bajas, incluyendo advertencias previas, llamados a evacuaciones, corredores humanitarios y coordinación de ayuda, aun cuando estas medidas complican sus propias operaciones militares.

Pero hay otra pregunta que merece hacerse: ¿por qué siempre Israel?

El mundo está atravesado por guerras, dictaduras, persecuciones religiosas, limpiezas étnicas y violaciones masivas de los derechos humanos. Sudán, Siria, Yemen, Congo, Myanmar, Ucrania y tantos otros escenarios acumulan tragedias humanas de enorme magnitud (mucho más que en Gaza). Sin embargo, rara vez vemos campañas de boicot, bloqueos portuarios o intentos de impedir el comercio con esos países. La excepción permanente parece ser siempre la misma.

Esa selectividad es mucho más que llamativa. No responde a un compromiso universal con los derechos humanos, sino a una estrategia política que reserva para Israel un tratamiento de excepción. El BDS no busca únicamente cuestionar determinadas políticas del gobierno israelí, sus acciones forman parte de una campaña internacional destinada a aislar, deslegitimar y debilitar al Estado de Israel en todos los ámbitos posibles: la diplomacia, la economía, la cultura, la universidad, el deporte y la opinión pública. Incapaces de derrotar militarmente a Israel en el campo de batalla, las organizaciones islamistas y terroristas han encontrado en el terreno político, comunicacional y propagandístico un nuevo frente de combate, y la asistencia de nuevos aliados. En ese escenario, el BDS actúa, como un instrumento de esa ofensiva internacional, procurando transformar a Israel en un Estado paria y privarlo de la legitimidad que se reconoce a cualquier otra nación. 

Uruguay e Israel mantienen una relación de amistad desde siempre. Cooperan en agricultura, tecnología, innovación, salud, gestión del agua, educación y comercio. Esa relación ha beneficiado a ambos países y nunca ha significado que Uruguay renuncie a su independencia ni a su política exterior.

También conviene recordar que detrás de cada exportación hay personas concretas. Productores rurales, peones, transportistas, trabajadores portuarios, veterinarios, empresas logísticas y cientos de familias que viven del esfuerzo cotidiano. Bloquear una exportación legal no perjudica únicamente a quien compra; también afecta a quienes producen y trabajan en Uruguay.

Cada ciudadano tiene derecho a expresar su posición sobre el conflicto de Medio Oriente. Ese derecho merece ser respetado. Pero ese mismo respeto debe extenderse a quienes trabajan, producen, invierten y emprenden. Ningún derecho a la protesta ni a la libertad de expresión habilita a impedir que otros desarrollen actividades lícitas o ejerzan su derecho al trabajo y al comercio. Convertir las exportaciones uruguayas en rehenes de una campaña política internacional significa hacer pagar a productores, trabajadores y empresas nacionales el costo de un conflicto que les es ajeno.

Además, la premisa sobre la que se construye buena parte de la protesta resulta, como mínimo, simplificadora. El ganado que Uruguay exporta a Israel no está destinado exclusivamente a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Como ocurre con cualquier importación de alimentos, abastece a la población del país en su conjunto. Eso incluye a judíos, árabes musulmanes, cristianos, drusos, beduinos, baháís, circasianos, personas sin religión y a todos quienes integran la diversa sociedad israelí. Reducir una exportación de alimentos a la idea de que "alimenta al ejército" desconoce el funcionamiento básico de la cadena de abastecimiento de un país y termina invisibilizando a millones de civiles que también consumen esos productos.

El BDS y la Coordinadora por Palestina son solo un comité de base de militancia con una agenda que se mueve al margen de los hechos y la verdad. Se presentan como un movimiento de derechos humanos, pero en la práctica han convertido a Israel en un blanco permanente de campañas de boicot, aislamiento y estigmatización sin fundamentos, mientras ignoran o minimizan tragedias humanitarias de enorme magnitud en otras regiones del mundo. Derechos humanos selectivos.

Uruguay siempre se ha caracterizado por el respeto al derecho, al trabajo y a la convivencia. Defender la posibilidad de comerciar libremente con un país amigo no implica desentenderse del sufrimiento que provoca toda guerra sino defender que nuestras decisiones comerciales no sean dictadas por campañas de hostilidad selectiva ni por prejuicios ideológicos.

¿Quizás el próximo paso del BDS sea recorrer los campos uruguayos para verificar que ninguna vaca esté aprendiendo hebreo? 

Suena igual de ridículo que pretender convertir las exportaciones uruguayas en otro campo de batalla del conflicto de Medio Oriente.