“No te permitiremos destruir a la Suprema Corte”, advirtió Beni Gantz.
Este sábado por la noche, en la explanada del Museo de Tel Aviv, muchos miles de israelíes-hay quienes hablan de decenas de miles-se dieron cita en la primera manifestación convocada por la oposición contra lo que presentaron como el “peligro para la democracia israelí”. Sobre la mesa: su acusación al Primer Ministro Netanyahu que promueve la promulgación de leyes que le favorezcan para escabullirse de cargos en su contra.
Los puntos principales son una propuesta de enmienda en la ley de Inmunidad-un regreso a la que estaba vigente hasta el 2005- de modo que le facilite ampararse en ella y la intención de aprobar una cláusula que permita a la Kneset (Parlamento) cancelar decisiones de la Suprema Corte de Justicia.
El propio Netanyahu aseguró en la campaña electoral que ni se le ocurre promover una nueva ley de inmunidad, pero uno de sus principales allegados y defensores, el diputado Miki Zohar, ya presentó un proyecto legal en este sentido hace pocos días.
Respecto a la clásula especial-llamada en hebreo “piskat hahitgabrut”-, el Ministro Yariv Levin, que aspira a ser titular de Justicia y que es quien encabeza los contactos con otros partidos para formar coalición, confirmó que hay intención clara de promulgarla.
Casi de más está decir que los planteamientos de los dos “bandos”-quien defienden a Netanyahu y quienes lo critican- son diametralmente opuestos.
El Primer Ministro y quienes le apoyan están convencidos de que hay aquí una “persecución política” y que tratan de quitarlo del camino mediante acusaciones sin precedentes ni justificación (el Fiscal del Estado habló de “soborno, fraude y abuso de confianza”) ya que no logran derrotarlo por las urnas. Y que él tiene todo el derecho del mundo a defenderse para imponer la justicia.
Quienes le condenan, sostienen que trata de escabullirse de un juicio promoviendo una legislación personal, a expensas de la democracia israelí.
Sobre la cláusula especial, los defensores de Netanyahu recalcan que su única intención es devolver el equilibrio normal y legal a la relación entre el Poder Legislativo (la Kneset, Parlamento) y el Poder Judicial , asegurando que éste fue alterado por atribuciones que se tomó ilegalmente la Suprema Corte de Justicia. Y sostienen que en la situación actual, los parlamentarios parecen meramente recomendar leyes, ya que éstas pueden ser fácilmente canceladas por la Suprema Corte. De esta forma, sostienen, no se garantiza gobernabilidad.
Por su parte, sus críticos aseguran que la intención de Netanyahu es debilitar a los jueces e imponer el gobierno absoluto de la mayoría, sin tomar en cuenta que democracia es también el respeto de las minorías.
Esto, en términos muy generales.
No entraremos en las citas claves de la manifestación, duras sin duda. Lo que quisiéramos es aportar algo de valor agregado para entender parte de la problemática central.
Nos basamos en un material especial escrito por los expertos del Instituto Israelí de Democracia, para iluminar los puntos problemáticos aquí mencionados.
1) Desmienten que la Suprema Corte de Justicia haya cancelado numerosas leyes aprobadas por el Parlamento y sostienen que se trata de 18 leyes en total desde 1992, o sea en 27 años, desde la promulgación de la Ley Básica : la Dignidad del Hombre y su Libertad. En el período de la Kneset saliente, electa en el 2015, fueron cuatro las leyes canceladas por los jueces.
Una comparación con otros países. En el mismo lapso, en Alemania han sido canceladas 206 leyes, 46 en Canadá y 50 en Estados Unidos.
2) Refutan la afirmación según la cual la Suprema Corte de Justicia no tiene autoridad legal para cancelar leyes y sostienen que su poder al respecto está anclado en las leyes básicas de Israel. La Ley Básica: la Dignidad del Hombre y su Libertad ,de 1992 (sección 8), incluye una “cláusula de limitaciones” que limita la habilidad de los legisladores para aprobar leyes que violan los derechos protegidos en la ley básica.
Los expertos señalan que en muchos países hay mecanismos que permiten neutralizar leyes y los tribunales tienen poder para revertir leyes que contradicen a la Constitución.
3) Los expertos del IDI analizan cuál era la situación previa a la mencionada ley fundamental, o sea antes de 1992, preguntándose cómo el país se las podía arreglar si la revisión judicial es tan importante. Y responden que hasta 1992, la protección de las libertades civiles era mucho más vulnerable a “caprichos” del Parlamento. También el Profesor Emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Haifa, Emanuel Gross, nos dijo que en 1992 el cambio fue clave porque dio a los derechos individuales, validez constitucional.
4) Analizan la afirmación según la cual “la Suprema Corte de Justicia tiene poderes peligrosos, ilimitados” y sostienen que lo cierto es lo contrario: que es la Kneset, el Parlamento, y el Poder Ejecutivo formado en base a él, el que tiene un poder potencialmente peligroso si no se lo controla. Recalcan la importancia que la Suprema Corte de Justicia pueda proteger a las minorías de un Parlamento con poder ilimitado.
5) Un argumento que suele oírse en medio de este debate, dicen los expertos del IDI, es que “la mayoría del público israelí no tiene fe en la Suprema Corte y está a favor de coartar su poder de revisión judicial”. Pues lo refutan con números, afirmando que según el más reciente Índice de Democracia de Israel publicado hace poco, el 58% de los israelíes se opone a quitarle a la Suprema Corte el poder de cancelar leyes promulgadas por la Kneset, mientras que solamente 1/3 están a favor.
Agregan un dato: el 56% de los israelíes confían en la Suprema Corte, comparado con un 26% que tienen opinión positiva de la Kneset.