Por Alejandro Grobert
El debate y la discrepancia forman parte de cualquier sociedad democrática. Ese contexto incluye también a los judíos, y, en ese sentido, no existe ninguna obligación de defender todo lo que haga Israel, pero tampoco existe ninguna obligación de aceptar cualquier acusación formulada contra Israel, o sus ciudadanos.
Desde cierto ámbito judío uruguayo se ha expresado dolor y vergüenza porque nuestra comunidad supuestamente guarda silencio ante “lo que ocurre en Cisjordania”. Se ha hablado de “judíos ortodoxos racistas”, de “ministros racistas” que los alientan y de “pogromos” contra poblaciones palestinas, comparándolos incluso con los pogromos de los que huyeron nuestros abuelos. Todo ello, aparentemente legitimado por la condición judía de quien formula la crítica.
Un horror conceptual, en mi opinión.
Para empezar, significar que “yo, como judío”, otorga una autoridad moral superior para juzgar a Israel, es algo que me parece profundamente equivocado.
Ya lo hemos visto en estos meses, con la aparición pública de judíos militantes del BDS, personas que tienen una relación selectiva con la identidad judía, totalmente distante de la vida comunitaria, pero reivindicada como licencia de autoridad cuando se critica a Israel o a la comunidad.
Ser judío puede adjudicar una experiencia familiar, cultural e histórica particular respecto de Israel, pero no convierte una opinión política en un hecho. La identidad no reemplaza los argumentos.
Y esto vale en ambas direcciones. Quienes defendemos a Israel tampoco tenemos razón simplemente porque seamos judíos. La condición de judío o la trayectoria profesional no otorgan autoridad moral ni convierten una afirmación en incuestionable. Lo que importa es la solidez de los argumentos y la contundencia de los hechos.
En cuanto al tema en cuestión, no voy a negar que existan episodios de violencia cometidos por israelíes contra palestinos en Judea y Samaria. Existen. Y, deben ser investigados y, si corresponde, condenados. No existe ninguna razón para justificar un delito porque quien lo comete sea judío.
De hecho, recientemente, fiscales israelíes acusaron a un israelí judío, de Samaria, por la muerte de un activista palestino ocurrida en 2025. El acusado negó su responsabilidad y sostuvo que había actuado en defensa propia. El caso deberá determinarse judicialmente. De eso se trata, investigar y aplicar la ley.
Pero vale la pena aclarar, que, la militancia del BDS y sus filiales en todo el mundo, están trabajando intensamente para poner en agenda el tema de Judea y Samaria, y, que mejor que los “colonos” para despertar indignación, aprovechando cada episodio, haciendo uso de cada celular disponible para generar contenido viralizando en redes y medios.
Dicho esto, es momento de poner todo en contexto.
Judea y Samaria constituye un territorio en disputa entre Israel y los árabes palestinos, el cual, hoy en día, está dividido en tres diferentes zonas de control, parte bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina, parte bajo control israelí, y parte en forma conjunta. Su extensión geográfica equivale al 3.3 % del territorio uruguayo. Viven en ese pequeño territorio cerca de 2.800.000 árabes palestinos (los números varían según la fuente) y en el entorno de 700.000 judíos israelíes. No hay ciudades mixtas en Judea y Samaria, salvo por un pequeño barrio judío en Hebrón. De manera que, tenemos ciudades netamente árabes, así como otras, completamente judías. En algunos puntos, unas muy cerca de las otras.
Judea no es un nombre inventado por el movimiento sionista moderno. Judea fue el nombre de un antiguo reino, y continúa siendo la denominación de una región central en la historia nacional y religiosa judía. Asimismo, Samaria también forma parte de la geografía milenaria de la tierra de Israel.
Por eso, cuando un judío habla de Judea y Samaria no está haciendo propaganda política, sino utilizando una denominación histórica concreta.
Utilizar la foránea designación de “Cisjordania”, vinculada a la ocupación jordana de los años 50 y 60, es hacer uso de un calificativo destinado a borrar la conexión ancestral que existe entre los judíos y su tierra, marcando de por sí, un claro perfil ideológico y militante. Pero, además, ¿por qué deberíamos considerar ilegítima la memoria histórica de los judíos precisamente en el territorio donde su historia tuvo muchos de sus capítulos fundamentales?
En cuanto a los mal llamados “colonos”, vale aclarar que, en realidad, son ciudadanos israelíes, mayormente judíos, a quienes se les llama “colonos” (de acuerdo con el relato) para extranjerizarlos en su propia tierra.
Entonces, cuando un judío dice que siente vergüenza por lo que hacen “los colonos judíos” en Judea y Samaria, está hablando de personas que viven allí y que son sus propios hermanos de pueblo, aunque no sean sus compatriotas de Estado.
De todas formas, es legítimo criticarlos. Como se puede criticar a cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Pero… ¿pogromos?
La comparación histórica con los pogromos europeos merece todavía mayor cuidado. Los pogromos sufridos por nuestros antepasados no fueron episodios de violencia entre dos grupos enfrentados: básicamente, los judíos eran perseguidos simplemente por su condición de judíos. Sus comunidades eran atacadas masivamente, sus casas y comercios destruidos, sus bienes saqueados y sus miembros asesinados. En numerosas ocasiones sus mujeres fueron violadas y sus familias expulsadas. No disponían de un Estado propio ni de un ejército capaz de defenderlos. No existía una agresión previa por parte de fuerzas judías organizadas que pudiera utilizarse como explicación para esas persecuciones.
Por eso, llamar “pogromo” a cualquier eventual episodio de violencia es una aberración de enorme gravedad. Es imperativo señalar, que no toda violencia es un pogromo. Pongamos algunos ejemplos: una batalla campal entre barras bravas del fútbol no es un pogromo; un tiroteo entre narcos no es un pogromo; un enfrentamiento entre dos poblaciones no es un pogromo. De esta forma, las agresiones entre judíos y palestinos, en el contexto en el que suceden hasta hoy en Judea y Samaria, no convierte a los judíos en protagonistas de un pogromo, ni generando una persecución siquiera comparable con la que sufrió el pueblo judío en Europa y otras regiones.
Además, hablando de hechos ¿dónde están las supuestas víctimas mortales de los supuestos pogromos en Judea y Samaria? Porque a la hora de comparar, claramente los pogromos de los que escapaban nuestros abuelos dejaban un tendal de víctimas mortales.
Judea y Samaria constituyen una realidad mucho más compleja: un conflicto prolongado, marcado por el terrorismo islamista y nacionalista palestino, ataques contra civiles israelíes, violencia de algunos sectores palestinos, represalias de algunos israelíes, enfrentamientos locales, disputas territoriales y una permanente situación de inseguridad.
Nada de esto justifica un delito. Pero presentar la realidad exclusivamente como “judíos que hacen pogromos contra palestinos” constituye una simplificación que elimina una parte esencial de la historia: el terrorismo contra los judíos en esta región es muy anterior a las actuales controversias territoriales. Ya en la década de 1920, comunidades judías (incluidas comunidades ortodoxas, pacíficas y desarmadas) fueron atacadas en lugares como Hebrón, Safed y Jerusalén. Durante el último siglo, miles de israelíes han sido asesinados en atentados y ataques terroristas, mientras familias enteras han sufrido asesinatos, secuestros y heridas. El terrorismo no puede desaparecer del relato cuando se pretende explicar la violencia en Judea y Samaria.
No se puede analizar la conducta de la población israelí en una zona de conflicto ignorando el contexto de inseguridad en el que vive.
¿Racismo?
Se afirma que los ministros israelíes y los judíos de Judea y Samaria actúan por racismo porque el conflicto enfrenta fundamentalmente a judíos israelíes y árabes palestinos. Pero la realidad es otra: se trata de dos pueblos que disputan un mismo territorio y cuyas posiciones nacionales se enfrentan. Los árabes han sostenido históricamente que el territorio les pertenece; los judíos sostienen, desde su propia perspectiva histórica y nacional, el derecho a vivir y ejercer su soberanía en esa tierra. Eso puede generar un conflicto nacional y territorial; no lo convierte, por sí mismo, en racismo.
Israel, además, tiene ciudadanos árabes musulmanes y cristianos, drusos y beduinos que estudian en sus universidades, trabajan en sus hospitales, integran sus instituciones y ocupan cargos como jueces, parlamentarios, policías y profesionales. Naturalmente, también existen eventuales expresiones y conductas racistas y extremistas en ambos lados, como puede ocurrir en cualquier sociedad o conflicto. Pero de ello no se desprende que la confrontación con el nacionalismo palestino sea racial.
La cuestión fundamental es otra: la hostilidad israelí no se dirige contra los árabes por el hecho de ser árabes, sino contra quienes son considerados parte de estructuras políticas, militares o terroristas hostiles a Israel y a los judíos.
No es lo mismo que racismo. Se trata de un conflicto nacional y religioso.
Es más, ¡es en las ciudades y localidades árabes donde no hay judíos!
No obstante, que quede claro: quienes defendemos a Israel no tenemos ninguna obligación de justificar cada acto cometido por un israelí. Podemos defender el derecho de Israel a existir y, simultáneamente, condenar un delito cometido por un ciudadano israelí. Podemos defender el derecho de los judíos a vivir en Judea y Samaria y, al mismo tiempo, exigir que las autoridades israelíes investiguen y castiguen cualquier agresión injustificada de cualquier persona de cualquier identidad. No existe contradicción.
¿Y la comunidad judía uruguaya?
Los judíos uruguayos que defendemos públicamente a Israel llevamos años enfrentando acusaciones de que es un Estado “genocida”, “apartheid”, “supremacista” o intrínsecamente racista (todas acusaciones falsas). Los ataques no se dirigen solo contra Israel y los israelíes, sino también contra los judíos sionistas que lo apoyamos.
Muchas de estas acusaciones se formulan desconociendo la historia, el derecho internacional y la complejidad del conflicto, mientras rara vez se pone el mismo énfasis en las intenciones genocidas expresadas por organizaciones terroristas islámicas.
A ello se suman, en Uruguay, viejos prejuicios y teorías conspirativas que atribuyen a los judíos control sobre las finanzas, los medios, los gobiernos o incluso proyectos de apropiación de territorios y recursos.
Frente a esta realidad, parte de la comunidad judía debe dedicar permanentemente esfuerzos a responder y desmontar acusaciones que consideramos falsas y judeófobas.
¿Es razonable que, en este contexto, la principal preocupación sea reprochar a la comunidad judía uruguaya que no habla suficientemente sobre Judea y Samaria?
Por eso, precisamente, en memoria de los pogromos nunca más judíos guardando silencio, ni siquiera contra otros judíos.
