“Terremoto de 9 grados en la escala Richter”, lo llamó el Ministro de Finanzas de Israel Avigdor Liberman. “Riesgo para nuestra democracia”, dijo el Presidente del Estado Itzjak Hertzog. “Gravísimo”, aseguró el Canciller Yair Lapid. Estas son sólo algunas de las duras reacciones a la investigación publicada este lunes por el periódico israelí “Kalkalist”, en la que se alega que la Policía instaló ilegalmente la tecnología de espionaje “Pegasus” en los teléfonos celulares de distintas figuras públicas, sin autorización ninguna de un juez.
Según “Kalkalist”, si bien algunos de los “espiados” eran ciudadanos sospechosos de haber cometido crímenes de corrupción-como ser ciertos alcaldes-, otros no eran sospechosos de absolutamente nada. En esa lista estaban Directores Generales de algunos ministerios, algún periodista, activistas sociales que habían participado en protestas e inclusive el hijo menor del ex Primer Ministro Biniamin Netanyahu, Avner.
“Si es cierto lo publicado, esto es sumamente grave”, declaró el Primer Ministro Naftali Bennett.
Pero todo esto, según el mencionado rotativo. La Policía por su parte desmiente en forma categórica la acusación y sostiene que eso nunca ocurrió.
El problema de fondo es una profunda desconfianza que ha ido en aumento entre la ciudadanía y ciertas instituciones del Estado. Por un lado, es imposible hacer caso omiso de la investigación, ya que si la acusación del diario es cierta, esto es realmente una crisis sin precedentes en la democracia israelí, por la que los responsables deben ser castigados. Y por otro lado, dar crédito inmediato a una nota de prensa , es otro tipo de problema.
El Ministro de Seguridad Interna Omer Bar-Lev anunció la formación de una comisión de estudio de lo ocurrido, prometiendo que se hará lo necesario para llegar a la verdad. Distintas voces tanto dentro del espectro político israelí como en la propia Policía, piden que haya una comisión oficial de investigación, que tiene otra fuerza y todas las herramientas necesarias para llegar a la verdad.
El Primer Ministro Naftali Bennet recordó que la tecnología de la que se habla “tiene que estar destinada a combatir el terrorismo y la delincuencia grave, no puede usarse para seguir a ciudadanos”.
Más allá del estremecimiento popular, el primer resultado de este escándalo es la cancelación del debate que se iba a llevar a cabo este martes en el marco del juicio al ex Primer Ministro Netanyahu por sospecha de corrupción. Dado que días atrás se reveló que la Policía había seguido ilegalmente a Shlomo Filberg, ex Director General del Ministerio de Comunicaciones en uno de los gobiernos de Netanyahu, que presta testimonio contra él en el juicio, la publicación de este domingo echó leña al fuego. El debate queda suspendido hasta que se confirme si la Policía usó o no en forma ilegal la tecnología de la discordia para seguir a testigos en su proceso jurídico.
Netanyahu declaró en la Kneset que esto es un día “negro para Israel”. Estando él mismo en juicio, las publicaciones en “Kalkalist” le dieron combustible para dar a entender que la Policía actuó indebidamente también en su investigación.
Si las afirmaciones de Kalkalit son ciertas, la población debe saber quién dio la orden y quién realizó el seguimiento ilegal. Quienes lo hayan hecho, si es que realmente lo hicieron, violaron la ley y los principios de la democracia israelí. Y deberán pagar por ello.
Por el bien de Israel,ojalá que todo sea una gran mentira.
Al mismo tiempo cabe recordar que si algunos oficiales cruzaron una línea roja inaceptable, eso no puede manchar a la Policía toda, compuesta por decenas de miles de efectivos que combaten el crimen y la delincuencia.
No se puede permitir que manzanas descompuestas pudran todo el cajón. Pero hay que ubicarlas rápidamente y hacerlas pagar por sus crímenes, si es que realmente los cometieron.
