Por Luciano Mondino en twitter @lucianomondino Máster en @unicomplutense Política Internacional, Terrorismo y crimen organizado
Pasaron 30 años desde el ataque a la embajada de Israel en Buenos Aires con un saldo de 22 víctimas fatales y más de 200 víctimas sobrevivientes.
Fueron 28 años desde el atentado a la AMIA con 85 víctimas fatales y más de 300 víctimas sobrevivientes.
Dos atentados perpetrados por el islamismo radical chiita planificado por Irán y perpetrado por sus brazos armados que hoy continúan operando en la región.
Tras la declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Argentina del Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013 pasaron 8 años.
Desde la denuncia y asesinato del Fiscal Alberto Nisman, horas antes de exponer su acusación contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA, pasaron 7 años.
Cuando MohsenRezai, vicepresidente de Irán y acusado por la Argentina, llegó a Nicaragua y compartió la asunción de Ortega junto a una comitiva argentina desoyendo el pedido de captura de Interpol era enero de 2022. Pasaron ya 7 meses.
Desde el aterrizaje del avión venezolano tripulado por un miembro de la Fuerza Quds de Irán, país acusado de atacar a Argentina en 1994, pasaron casi 3 meses.
En todos estos, la constante de impunidad y la sombra de volver a vivir lo mismo se mantienen intactas. Por acción u omisión, la tentativa del olvido siempre está expectante.
Las últimas tres décadas demostraron que América del Sur es un teatro de operaciones para el terrorismo transnacional que, con cada vez mayor celeridad, se unifica en zonas grises con el crimen organizado, en general, pero con el narcotráfico en particular. La reciente investigación del avión Emtrasur aterrizado en Buenos Aires en junio lleva directo a la criminalidad de Paraguay y Uruguay bajo las sombras de Horacio Cartes y Sebastián Marset, un criminal uruguayo que habría estado reunido con los tripulantes de la aeronave bajo pedido de incautación por parte de Estados Unidos y reclamada por Nicolás Maduro.
Es muy curioso también que la defensa de la tripulación y la asesoría a Nicolás Maduro es llevada a cabo por un polémico abogado argentino, Maximiliano Rusconi, defensor de Diego Lagomarsino quien es investigado en la justicia por el homicidio del Fiscal Nisman y de Julio De Vido, un ex ministro de planificación argentino condenado a prisión por administración fraudulenta y de aceitada relación comercial con Venezuela durante los gobiernos entre 2011 y 2015.
Unidos en una consigna contestaria a las democracias occidentales, muchos actuales gobiernos de América Latina y el Caribe se sienten cómodos con el patrocinio de Irán, Rusia o China mientras no pueden garantizar una gobernanza de la seguridad en zonas fronterizas como la Triple Frontera, que une a Brasil, Paraguay y Argentina, o evitar que los nexos se expandan hacia países como Chile o Uruguay que eran, hasta hace poco, estándares de mayor estabilidad en temas de seguridad.
Una de las últimas apariciones públicas del presidente argentino Alberto Fernández implicó el calentamiento de un debate a nivel nacional por la intromisión de poderes y por la magnitud y el trasfondo de lo que ha insinuado. Solo 48 horas después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, expresidente argentino, por ser jefa de una asociación ilícita, el presidente Fernández deslizó su preocupación de que ambos fiscales tuvieran el mismo desenlace que el fallecido fiscal de la causa AMIA en 2015.
Natalio Alberto Nisman fue el fiscal nacional de la Unidad Federal de Investigación, UFI AMIA, que en el 2006 denunció formalmente a la República Islámica de Irán y agrupación chiita libanesa Hezbollah de haber sido autores intelectuales y materiales del atentado; que en el 2013 se opuso al Memorándum de Entendimiento firmado con los iraníes y que en el 2015 denunció a Cristina Kirchner como cabeza de una confabulación criminal para borrar la responsabilidad de los iraníes y libaneses de la causa judicial.
El 18 de enero, horas antes de exponer la denuncia por encubrimiento frente al Congreso Nacional y tras recibir una artillería mediática y política de partidarios de Kirchner en su contra, Alberto Nisman fue ultimado en el baño de su departamento del complejo Le Parc, ciudad de Buenos Aires, y de esa forma silenciado a quien más conocía de la causa.
Días después de haber afirmado que la pandemia por Covid-19 fue un holocausto, el presidente Fernández volvió a disparar contra un tema sensible y que ha formado parte de los reclamos frente a la comunidad internacional, especialmente en la Asamblea General de la ONU, desde el 2007. En primer lugar, la muerte de Nisman se investiga como un asesinato como consecuencia de su denuncia contra altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional de 2015. Los jueces Irurzun y Bruglia avalaron la investigación del Juez Ercolini y sostuvieron los fundamentos en la Cámara Criminal y Correccional Federal -Sala 2- en junio de 2018 sobre el homicidio y también sobre la falta de recolección de pruebas en la escena del crimen.
Pero también, que el presidente Fernándezy su vocera presidencial afirmen lo contrario, agrede la división de poderes de un sistema republicano, desconoce el proceder del Poder Judicial en la causa Nisman y agrega más ruido a un hecho que afectó de forma directa a la presidente de aquel momento que es hoy vicepresidente en Argentina.
Algo similar ocurrió en enero cuando, tras que Mohsen Rezai burlara el pedido de captura internacional y compartiera un encuentro con una delegación argentina en Nicaragua, el gobierno argentino sostuvo que era Israel quien debía detener al acusado cuando es efectivamente la República Argentina quien es solicitante en Interpol de la circular roja sobre cinco ciudadanos iraníes y un ciudadano libanés. Conviene recordar, además, que las principales democracias occidentales se opusieron a la toma de mando por parte de Daniel Ortega en una Nicaragua diezmada por la perpetuidad, la corrupción y la criminalidad de los actos de Ortega y su vicepresidente y esposa, Murillo. Argentina, junto a Cuba, Venezuela e Irán, fueron parte de las invitaciones formales a la asunción fraudulenta del dictador nicaragüense.
La causa AMIA se ha vuelto una causa nacional para todos los argentinos y lleva a que año tras año el pedido de justicia se vuelva una constante. Es un buen síntoma que una comparación tan desafortunada y el ocultamiento sobre los hechos genere una reacción tan adversa y de contestación ciudadana: desde el magnicidio de Nisman, una porción considerable de argentinos comprendió que el terrorismo transnacional sigue en las sombras esperando las condiciones favorables para atacar.
La comparación de Fernández, además de motivar un juicio político en su contra, despertó críticas en una sociedad que debe ahora comprender que la banalización del terrorismo no hace más que afirmarlos como cómplices. Ese es un nuevo paso para profundizar la lucha contra la radicalización y el terror que comienza a ser fuertemente propagado por la región.
Banalizar el terror es banalizar a las víctimas sobrevivientes que ven en estos actos una nueva bomba que explota y los hunde en un constante volver a empezar.
Banalizar a las víctimas es una de las actitudes más cobardes y cómplices del terrorismo transnacional.
