Israel

Acabar con el estándar de irrazonabilidad extrema

Profesor Amichai Cohen

(De la página oficial del Instituto Israelí de Democracia)

N. de Red: Este artículo sobre la cláusula de irrazonabilidad fue publicado por uno de los expertos del IDI hace pocas semanas, ya que este es uno de los temas en discusión en relación a la reforma judicial. Mientras tanto, este lunes de noche, la Kneset votó a favor del proyecto de ley que cancela dicha clásula para que los jueces ya no puedan recurrir a ella. Requiere otras dos votaciones para quedar promulgada.

El texto que reproducimos a continuación es un amplio resumen de la nota original.

Profesor Amichai Cohen, autor de esta nota

 

 

Actualmente, la coalición está tratando de promover una enmienda legislativa que evitará que la Corte Suprema anule decisiones del gobierno, ministros y otros funcionarios electos (como alcaldes) que considere "extremadamente irrazonables".

¿Cuál es el estándar de irrazonabilidad extrema?

 

En Israel, no existe una ley que defina los poderes de revisión judicial sobre las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto,  las causales para la intervención judicial en asuntos administrativos son normas de “Derecho consuetudinario” declaradas en decisiones de los tribunales. Estas causales implican el examen de tres aspectos de la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo:

 

(1) ¿Tenía la autoridad para tomar tal decisión?

(2) ¿Se siguió un procedimiento adecuado para la toma de decisiones?

(3) ¿Se aplicaron las consideraciones apropiadas?

 

Este último criterio se refiere a un examen de si las decisiones se tomaron de buena fe, de manera igualitaria y proporcionada, sin consideraciones impropias y respetando los derechos humanos. Asimismo, el Poder Ejecutivo también está obligado a actuar de manera razonable.

 

¿Cuándo se usa el estándar de “irrazonablidad extrema”?

La Corte Suprema interviene sólo cuando las decisiones del Poder Ejecutivo se consideran “extremadamente irrazonables”. El Poder Ejecutivo actúa dentro de una "esfera de razonabilidad". Mientras opere dentro de esta esfera, puede elegir entre una variedad de opciones. Sin embargo, si no considera por completo una consideración esencial, o llega a un desequilibrio extremo entre diferentes consideraciones, entonces la Corte intervendrá. Rara vez esto se relaciona con una decisión de los representantes electos, como el gobierno o un ministro; la gran mayoría de esta jurisprudencia se relaciona con decisiones tomadas por funcionarios burocráticos no elegidos.

 

¿Cuál es la enmienda que propone la coalición al estándar de irracionalidad extrema?

La propuesta actual eliminaría los poderes de la Corte para anular cualquier decisión del primer ministro, el gobierno, los ministros u otros funcionarios electos, incluso si la decisión es extremadamente irrazonable.

El resultado de esta enmienda sería que la Corte Suprema no podría revisar ninguna decisión tomada por estos funcionarios electos sobre la base de que fue extremadamente irrazonable, incluidas las decisiones sobre nombramientos indebidos para cargos públicos o despidos indebidos de funcionarios públicos. En la práctica, sin que la Corte esté facultada para evaluar la razonabilidad de la política, estas decisiones quedarán ocultas a la vista del público, y es casi seguro que los ciudadanos no se darán cuenta de las decisiones tomadas ni de su naturaleza problemática.

 

¿Por qué es tan problemático cancelar el estándar de irrazonabilidad extrema?

Revocar la autoridad de la corte para anular las decisiones del Poder Ejecutivo basadas en el estándar de extrema irrazonabilidad socavará significativamente la capacidad de garantizar que los principios de comportamiento ético y ausencia de corrupción se mantengan en el sector público.

Hay varias razones por las que es importante preservar la autoridad del tribunal para revocar decisiones extremadamente irrazonables en vigor:

 

Prevención de la corrupción: El estándar de extrema irrazonabilidad es vital para garantizar que los órganos administrativos operen en el interés público y cumplan con sus responsabilidades y que los ciudadanos tengan un recurso efectivo cuando experimenten decisiones arbitrarias e irrazonables. Esta prueba es una herramienta para los tribunales y para los asesores legales para prevenir el amiguismo, los nombramientos públicos inadecuados y la toma de decisiones irracionales por parte del Poder Ejecutivo.

Fomentar la toma de decisiones racional y equilibrada: La existencia misma de la norma requiere que el ejecutivo cree una amplia base fáctica para la toma de decisiones. Cuando un órgano administrativo es consciente de que los tribunales pueden valorar no sólo los procesos administrativos sino también la forma en que se tienen en cuenta los diferentes intereses, procurará que se lleve un registro administrativo más completo para defender su posición y demostrar que su decisión se hizo usando las consideraciones apropiadas.

Protección de los derechos humanos: En los casos en que un funcionario desee basar su decisión en consideraciones de política discriminatoria, ocultará sus verdaderas motivaciones. En los casos en que se ocultan consideraciones inválidas (y, por lo tanto, la decisión no puede anularse sobre la base de consideraciones indebidas), o cuando la decisión no dio el peso adecuado a los derechos humanos, el requisito de razonabilidad obliga el funcionario para explicar sus razones, muchas veces exponiendo las verdaderas motivaciones.

Mantenimiento de frenos y contrapesos: Cancelar la autoridad de la corte para usar extrema irrazonabilidad socavará un importante mecanismo de frenos y contrapesos con respecto al Poder Ejecutivo. Este mecanismo es particularmente importante en el sistema israelí, que tiene pocos frenos y contrapesos. La cancelación también pondrá en peligro las protecciones brindadas a los ciudadanos en su interacción con las agencias administrativas con respecto a las decisiones tomadas en sus casos individuales.

Los motivos para la revisión judicial de la extrema irrazonabilidad son un componente crítico de la revisión judicial de las decisiones del gobierno. En la medida en que su cancelación propuesta vaya acompañada de varias otras reformas propuestas, como la reducción del estatus de los asesores legales ministeriales y la designación política de estos cargos, entonces estos cambios actúan en un movimiento de pinzas. Por un lado, los ministros ganarán mucho más poder sobre sus asesores legales. Podrán despedirlos o simplemente ignorar su consejo. Por otro lado, los asesores ya no podrán evaluar las decisiones de los ministros sobre la base de la prueba de la extrema irrazonabilidad, ya que los ministros sabrán que los tribunales no tienen poder para intervenir. Así, los asesores jurídicos ministeriales ni siquiera podrán exigir a los ministros que expongan sus razonamientos al examen público.

 

De hecho, la mera amenaza de debilitar a los asesores legales podría ser suficiente para disuadirlos de adoptar una postura firme y tratar de preservar su control sobre varias desviaciones del poder ejecutivo del estado de derecho.

 

¿En qué casos interviene la Corte Suprema con base en la prueba de “irrazonabilidad extrema”?

 

La intervención de la Corte sobre la base de que una decisión es extremadamente irrazonable es relativamente rara. En la gran mayoría de los casos, la Corte confirma la posición del Poder Ejecutivo o, a lo sumo, le ordena que reevalúe la decisión.

(Publicaremos por separado la segunda parte de la nota, en la que el autor da casos concretos en los que la Suprema Corte intervino utilizando la cláusula en cuestión).

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